La reciente reforma legislativa en España introduce importantes modificaciones que afectan directamente a la actuación de los peritos judiciales. A través del Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han establecido nuevas directrices que buscan mejorar la eficacia, la transparencia y la profesionalidad del trabajo pericial en los tribunales. Estas modificaciones son de gran relevancia para los profesionales de la pericia judicial, ya que impactan tanto en la selección de los peritos como en el ejercicio de sus funciones en el ámbito judicial.
1.- PRINCIPALES CAMBIOS.
- Nuevo Procedimiento de Designación de Peritos.
Una de las reformas más significativas es la modificación en el procedimiento de designación de peritos. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, se establece que, en la medida de lo posible, los tribunales deberán recurrir a un registro oficial de peritos cualificados, garantizando la independencia y la competencia técnica de los profesionales designados. Además, se dará mayor relevancia a la formación continua de los peritos, que deberán acreditar su actualización profesional periódica para poder figurar en el registro.
- Fortalecimiento de la Responsabilidad Profesional.
La ley también refuerza la responsabilidad de los peritos judiciales, estableciendo medidas más claras sobre las consecuencias de un informe pericial erróneo o manipulado. En este sentido, se ampliará la responsabilidad civil de los peritos, que deberán responder con mayor rigor por el contenido y la calidad de sus informes, con una posibilidad de sanción que incluye la inhabilitación para actuar como perito en casos judiciales.
- Mejora en la Gestión de Honorarios.
La normativa también introduce un sistema más transparente y equitativo para la fijación de los honorarios de los peritos judiciales. A partir de ahora, los tribunales deberán seguir unos criterios más claros para determinar las tarifas, basándose en la complejidad del caso y la especialización del perito. Esta medida tiene como objetivo evitar posibles abusos y garantizar una remuneración justa a los profesionales, sin perjuicio de los principios de economía procesal.
- Aumento de la Colaboración Multidisciplinaria.
En un esfuerzo por integrar mejor la tecnología y las nuevas disciplinas en los procedimientos judiciales, se fomenta la colaboración multidisciplinaria entre peritos de diferentes áreas del conocimiento. Esto permitirá una evaluación más precisa y completa de los casos que requieran una pericia especializada en campos como la informática forense, la ingeniería o la medicina forense.
2.- IMPACTO EN LA JUSTICIA ESPAÑOLA.
Estas reformas buscan no solo mejorar la calidad y la fiabilidad de las pruebas periciales, sino también acelerar los procesos judiciales, garantizando que los peritos tengan los recursos y el apoyo necesario para ofrecer informes más detallados y precisos en un tiempo razonable. La nueva normativa también responde a la creciente complejidad de los casos judiciales en España, en los que los avances tecnológicos y la especialización son cada vez más relevantes.
3.- DECLARACIONES DE EXPERTOS.
Varios expertos en derecho y pericia judicial han aplaudido estas reformas, destacando que serán fundamentales para garantizar una mayor transparencia y profesionalidad en la actuación de los peritos judiciales. La abogada Ana Martínez, especializada en derecho procesal, comenta que “con estas modificaciones, se da un paso importante hacia la modernización y la mejora de la confianza pública en los peritos judiciales, que desempeñan un papel crucial en la administración de justicia”.
4.- PRÓXIMOS PASOS.
Se espera que se organicen programas de formación y actualización para los profesionales del sector, con el fin de garantizar su adaptación a los nuevos procedimientos. También se desarrollarán más detalles sobre el registro oficial de peritos y los criterios específicos para su inclusión.