Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 en abril de 2025, que promueve la eficiencia del Servicio Público de Justicia en España, se ha establecido la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la mediación, antes de presentar demandas en asuntos civiles y mercantiles.
En este nuevo contexto, los peritos judiciales adquieren un papel más relevante en los procesos de mediación. Aunque la mediación es un procedimiento voluntario y confidencial, las partes pueden acordar la intervención de un perito para aportar informes técnicos que faciliten la resolución del conflicto.
La Asociación Judicial Nacional de Peritos (AJNP) ha destacado la importancia de la formación continua de los peritos para adaptarse a este nuevo escenario, ofreciendo cursos especializados que abordan las competencias necesarias para participar eficazmente en procesos de mediación.
Además, la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, establece que los acuerdos alcanzados en mediación pueden tener fuerza ejecutiva si se elevan a escritura pública, lo que refuerza la necesidad de informes periciales precisos y objetivos que respalden dichos acuerdos.
Este nuevo marco normativo subraya la importancia de la colaboración entre peritos y mediadores para lograr soluciones eficaces y consensuadas, contribuyendo así a una justicia más ágil y especializada.
